La Asociación de Fiscales criticó al Gobierno por los ataques a la Corte Suprema de Justicia
La agrupación exhortó al poder político a manejarse con “prudencia” y a evitar “la vulneración de los principios republicanos”. La Asociación Empresaria Argentina dijo que respetar a la Corte es la base de la convivencia civilizada.
La Asociación de Fiscales cuestionó al Gobierno Nacional por avalar la marcha contra la Corte Suprema que tendrá lugar este martes y estará encabezada por figuras como Luis D´elia, Pablo Moyano, el juez Juan María Ramos Padilla y Hugo Yasky.
AEA, por su parte, pidió respetar plenamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a sus autoridades.
La agrupación manifestó su “profunda preocupación por las expresiones vertidas y acciones propuestas por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La movilización convocada por sectores del kirchnerismo fue apoyada públicamente por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Además, Juan Martín Mena, número dos del ministerio de Justicia, dijo que le parecía “sano y necesario” que la gente se pronunciara.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, presidida por el fiscal federal Carlos Rívolo, exhortó “al poder político” a manejarse con “la debida prudencia”, y a evitar toda posibilidad de “vulneración de principios republicanos”.
También hicieron hincapié en que debe respetarse la división de poderes y garantizarse el desempeño de los jueces “con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial”.
“La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos”, reza en el comunicado.
El comunicado cerró pidiendo que “los otros poderes del Estado” respeten y afiancen la república, “sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado”.